Última actualización el 20 de octubre de 2022
Detrás del episodio de la contaminación ocurrida en Talcahuano y Quinteros como producto del desembarco (en ambos puertos) del crudo conocido como “iranian heavy” existe un largo historial de controvertidos negocios entre Chile y la dictadura iraní, régimen que a partir de 1980 ha sido sistemáticamente catalogado como un violador de los Derechos Humanos y promotor del terrorismo.
Si bien la dictadura iraní rompió relaciones diplomáticas con su par chilena en 1980, el negocio armamentístico que el Director de la DINA (Manuel Contreras) había abierto algunos años antes con el régimen de Teherán, al cual ofreció bombas de racimo (además de asesinar a Carlos “El Chacal”) nunca dejó de estar latente.
Fue por ello que a inicios de los años ‘80, pese a la inexistencia de relaciones entre ambos países, Chile regresó a carga y nuevamente ofreció bombas de racimo a Teherán, fabricadas por Ferrimar, filial de FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército), aunque el negocio se efectuó por intermedio de la Corfo, dadas las sanciones internacionales que enfrentaba Irán, que en ese momento se encontraba en guerra con Irak.
Por supuesto, todo salió mal. Como lo recuerda un documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 1985 Ferrimar ofreció 500 bombas cluster (de racimo) a Irán a 14 mil dólares la unidad. Era un negocio redondo, mejor que cualquier negocio en el mundo, pues el costo de producción era 2.500. Irán pagó 7 millones de dólares y se comprometió a comprar otros 193 millones de dólares en bombas.
En 1986 se efectuaron las primeras pruebas de la efectividad de los explosivos chilenos, los cuales fueron montados en un avión F-4 iraní. Como si fuera un mal chiste, cuando el piloto apretó el disparador las bombas de racimo no salieron desde el ánima y, por el contrario, estallaron bajo el avión.
Aunque el piloto logró eyectarse a tiempo, con los iraníes no se juega. Ante lo ocurrido, simplemente secuestraron a la delegación chilena y al francés Bernardo Stroiazzo, el dealer de armas que hacía de intermediario. A cambio de la libertad de los chilenos y de francés, Pinochet ofreció aviones F-5. Al mando de las complicadas negociaciones quedó el comandante Carlos Carreño, Subdirector de FAMAE, quien en septiembre de 1987 estaba a punto de viajar a Teherán cuando fue secuestrado en Santiago por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), para ser liberado tres meses más tarde en Sao Paulo.
Durante mucho tiempo se especuló con que dicho plagio había sido digitado por un “topo” del Ejército infiltrado en dicho grupo, hasta que en 2010, en una declaración judicial, así lo dijo el propio Carreño.
¿Buenos Aires o Santiago?
En 1992 el grupo Hezbolláh, casi indistinguible de la teocracia iraní, perpetró el primero de dos grandes atentados en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo a la Embajada de Israel en esa capital. Como menciona Walter Goobar en su libro “El Tercer atentado”, el ayatola Alí Abkar Mesheni dijo erradamente en Teherán que el atentado cometido contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 se había perpetrado “en Chile”. Dicho error obedece al hecho de que el primer blanco para dicho atentado habría sido Santiago, lo que habrían descartado posteriormente por razones operacionales.
Otro hecho en el cual existen estrechos vínculos entre militantes de Hezbollá y Chile es en lo relativo al caso AMIA, el segundo de los ataques perpetrados por el grupo sunnita en Argentina.
Nisman y Chile
En efecto, en el informe sobre la AMIA, preparado por el asesinado Fiscal General Alberto Nisman, en Argentina, se destacaba como uno de los principales cerebros de dicho atentado al clérigo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires. Rabbani era muy cercano al Kirchnerismo y su participación en el atentado tendría que ver no solo con la planificación, sino con la consecución de la camioneta usada en dicho crimen, así como en el armado de la bomba sobre esta.
Rabbani (quien llegó en 1983 a Argentina) no solo era el sheik de la mezquita At-Tauhid (ubicada en el sector de La Floresta), sino que era miembro del “Bureau de inteligencia de Khomeini” y que, como tal, decía Nisman, “fue el principal artífice del despliegue de la vasta red de espionaje que se transformó en una compleja base de inteligencia”, sobre la base de la cual Rabbani comenzó a operar en Uruguay, Colombia y Chile, donde no solo desarrolló actividades de inteligencia, sino que tuvo una “injerencia determinante”… “en la instalación y desarrollo de los centros islámicos iraníes de aquellos países, no solo desde lo organizativo, sino incluso en lo atinente a su financiamiento”, con el fin de exportar la “revolución islámica”.
Del mismo modo, Nisman recordaba que otro de los acusados en la causa AMIA, Hamid Reza Hosseini (quien fue embajador de Irán en Chile entre 1993 y 1996) era “un ideólogo de la línea dura, quien probablemente estuvo involucrado en la ocupación de la embajada americana en Teherán en el año 1979”. Otro ex funcionario de la embajada iraní en Chile (entre 1992 y 1995), Sayed Yousef Arabi, fue jefe de la estación local de inteligencia local, como miembro del Vevak (el Ministerio de Inteligencia Iraní).
Según Nisman, Assad Barakat, quien vivía en Iquique, fue miembro del aparato de seguridad de Hezbollá en América Latina y ello se fundamenta en diversos testimonios, incluyendo los de un testigo entrevistado por la justicia chilena, Ahmad Haidr El Sidani, quien dijo que Barakat “es un líder de Hezbollá”.
En 2019, en tanto, Infobae informó acerca de la “pasividad” (como la calificaron) del gobierno chileno frente a la presencia en Santiago de Edgardo Rubén Assad, más conocido como Sheik Suhail Assad, un discípulo de Rabbani que sería funcionario del Vevak, conocido negacionista del Holocausto y quien actualmente sería el encargado del plan de expansión islámica por el continente, lo que han efectuado -entre otras cosas- por medio de la creación de corresponsalías del canal HispanTV en toda América Latina.
El iranian heavy
Pese a todo ello, el 2000 la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), por medio de su filial Sipetrol, estimó que hacer negocios con Irán era una buena idea. Ese año el directorio de ENAP decidió explorar oportunidades comerciales en Africa y Oriente Medio y para ello se preseleccionó cuatro países: Libia, Egipto, Qatar e Irán. Por aquel entonces el presidente del directorio era el entonces Ministro de Economía, José de Gregorio, y el Gerente General era Daniel Fernández. Como Vicepresidente actuaba Gonzalo Rivas y los directores eran Jaime Tohá, Eduardo Jara, Raúl Hein, María Isabel González, Roberto Salinas y Radovan Razmilic.
Al año siguiente la decisión estaba tomada y para ello se formó el “Bloque Mehr”, un consorcio integrado por la empresa austriaca OMV (con un 34% de la propiedad), más la española Repsol YPF y Sipetrol (ambas con un 33), que el 23 de septiembre de 2001 firmó un contrato con la National Iranian Oil Company (NIOC), con el fin de explorar la zona noroeste del yacimiento de Ahwaz, un terreno de 2.500 km cuadrados que, según ENAP, era “una de las provincias petroleras más ricas del mundo en hidrocarburos”.
De hecho, la memoria de ENAP de 2001 aseveraba que “la empresa (Sipetrol) pretende aumentar sus actuales actividades en Irán, un país de gran potencial y oportunidades”.
Un primer pozo (Band-e-Karkheh) comenzó a ser perforado en mayo de 2004, hasta que el 14 de enero de 2005 se informó, por medio de un hecho esencial ante la hoy Comisión del Mercado Financiero, que Sipetrol había descubierto reservas importantes en la zona llamada “Faja plegada del Zagros”, donde el pozo Band-e-Karkheh 2 arrojó 1.040 barriles de petróleo por día, en la fase de pruebas.
Sin embargo, “debió ser abandonado por razones mecánicas” reza la Memoria de ENAP de 2005, según la cual la re-perforación había quedado pendiente “a la espera de estudios técnicos y económicos”.
Pese a ello, el documento es pletórico de entusiasmo en el futuro: “este descubrimiento tiene un potencial que podría llegar a 200 millones de barriles”.
Además, ese año se inició también la perforación de un segundo pozo: East Mushtaq, el cual (seguimos en la Memoria) “ha sufrido algunos atrasos por problemas operacionales”.
Evidentemente, los problemas eran de magnitudes importantes, tantos que luego se decía que “paralelamente, ENAP Sipetrol SA inició el proceso de venta de este bloque, debido a la necesidad de concentrar los recursos en las áreas foco de la compañía y aprovechar de realizar la rentabilidad asociada a su descubrimiento”. Además de las fallas técnicas, la memoria de 2006 da pistas sobre un problema de mayores magnitudes: Irán había reiniciado su programa de enriquecimiento de Uranio y enfrentaba nuevas sanciones de parte de la comunidad internacional.
Pese a que en 2007 se encontró un nuevo pozo, finalmente Sipetrol decidió salirse de esa área y ello se concretó en 2008.
No obstante, y pese a lo establecido en los contratos, Irán se negó en dicho momento a devolver los 28 millones de dólares que Sipetrol había invertido en la exploración del Bloque de Mehr. Recién 10 años después la NIOC aceptó devolver lo invertido en petróleo.
El primer y último embarque de un millón de barriles de crudo (del llamado iranian heavy, el cual contiene fuertes concentración de ácido sulfhídrico) llegó el 14 de julio de 2018 a la bahía de Concepción a bordo del carguero “Monte Toledo” y ya sabemos sus consecuencias: el 04 de agosto (y luego de que la mitad de la carga fuera trasladada a otro buque, que a su vez llevó crudo a ENAP Quintero), debido a las faenas de “venteo” de las bodegas del “Monte Toledo”, un violento olor a pescado y huevos podridos obligó a evacuar a cerca de 60 mil personas desde el mall Plaza Trébol y la Clínica Bío Bío.
Posteriormente, según la acusación de la Fiscal Ana María Aldana y del querellante Remberto Valdés, lo que es negado por la defensa, en el terminal Quintero varios ejecutivos de este permitieron “la propagación de elementos derivados del azufre provenientes del crudo iranian heavy depositado en uno de los estanques”, lo que también implicó fuertes emanaciones de mal olor y una emergencia sanitaria en la zona, como consecuencia de la cual decenas de personas debieron ser atendidas de urgencia, con irritación en las mucosas, mareos, náuseas y otros problemas.
Debido a todo ello, seis ejecutivos de ENAP, encabezados por su gerente en esas fechas, Alvaro Hillerns, enfrentan actualmente un juicio oral en Concepción.
