Niegan libertad a narco que internó 1.3 toneladas de droga al Gran Concepción

En dos instancias distintas le fue negada la libertad, en las últimas semanas, a Máximo Cid Sepúlveda, el jefe de un grupo de narcotraficantes que es responsable de dos internaciones de grandes volúmenes de droga al Gran Concepción, por un total de 1.3 toneladas. De hecho, se trata de las máximas incautaciones de estupefacientes realizadas en la zona, destinadas al consumo interno.

Se trata del decomiso efectuado en 2015 por la Brigada Antinarcóticos de Concepción y la fiscal Carla Hernández, por medio del cual se incautaron 922 kilos de distintas drogas que Cid había adquirido a narcotraficantes bolivianos, los cuales hicieron trasvasije del alijo a vehículos conducidos por secuaces de Cid en las cercanías de Calama, los cuales fueron interceptados antes de llegar a Concepción, desde donde pretendían distribuir hacia la zona de Los Angeles y Mulchén.

Según se ventiló en el juicio, en el cual fue condenado a 4 años de cárcel, Cid pagó un adelanto de 60 millones de pesos en efectivo a los bolivianos, con la promesa se pagar el dinero restante una vez que la droga que se habían vendido, poco más de 500 kilos. En una casa de su propiedad en Santa Bárbara en tanto, la policía decomisó 418 kilos de marihuana y casi dos kilos de pasta base, además de algunos gramos de clorhidrato de cocaína, incautándosele además varias armas de fuego y chalecos antibalas. En otra de sus viviendas, en Mulchén, la PDI encontró 44 millones de pesos en efectivo, en dos bolsos que estaban enterrados en el patio.

Acorralado por la evidencia, Cid confesó en el juicio que su contacto en Bolivia era un tal “Cristóbal”, a quien había conocido en el norte, pues en 2009 ya había estado preso por drogas en Calama. Asimismo, indicó que a cada uno de los miembros de su grupo implicados en el traslado de las drogas desde el norte se le había prometido cinco millones de pesos por el viaje (lo que da cuenta de la cantidad de dinero que se transa en ese mundo). El cuidador de la casa de Santa Bárbara percibía la misma remuneración en forma mensual. Sobre las armas negó saber su origen, en tanto que el BMW 2008 que le incautaron dijo que lo había comprado para su pareja gracias al dinero que obtenían de un negocio de venta de astillas que tenían.

El hermano de “Toño Montana”

Sin embargo, ese juicio culminó con un cabo suelto, que fue la imposibilidad de dar con el paradero de la otra persona que estaba sindicada por la Fiscalía y la PDI como el otro cabecilla del grupo: José Miguel Molina Galaz, originario de la población La Candelaria, en San Pedro de la Paz, hermano del delincuente habitual Guillermo Molina Galaz (“Toño Montana”, asesinado a tiros hace dos semanas, en dicho sector, y primo de José Molina Solís, joven de solo 23 años, muerto a inicios de abril de este año, al ser también acribillado en un tiroteo callejero, en Prat con Los Carrera.

Gracias a su colaboración en el caso, Cid fue condenado a una pena de cuatro años efectivos. Sin embargo, a eso se le sumaron otros siete años, producto de una condena que recibió en forma casi simultánea, dado que una vez detenido siguió traficando desde el interior de la cárcel.

En efecto, la segunda condena establece que desde el interior del penal de Concepción Cid coordinó la compra de otros 417 kilos de drogas, los cuales también fueron interceptados por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Concepción.

En este nuevo juicio Cid ya no fue tan locuaz, pues guardó silencio, aunque sí lo hizo de los coimputados, Osvaldo Miranda, quien dijo que (a diferencia del caso anterior) le habían ofrecido dos millones de pesos por el consabido viaje al norte en búsqueda de drogas, las que en este caso fueron entregadas por un ciudadano peruano.

Las peticiones

Preso desde 2015, la defensa de Cid estimó este año que ya estaba en condiciones de optar a la libertad condicional, la cual le fue negada por la Comisión respectiva, ante lo cual su abogado, Sebastián Salinas, recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones.

Para ello, argumentó su buena conducta en el penal, aseverando, entre otras cosas, que estaba dedicado a la artesanía con madera y que cuenta con una oferta de trabajo en la empresa Horval SPA, para que se desempeñe como albañil. Asimismo, su defensor adjuntó un peritaje social particular, según el cual Cid contaría con todo lo necesario para postular la libertad.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó por dos votos a uno el recurso (el voto disidente fue de la ministra Matilde Esquerré, mientras que quienes votaron en contra de la libertad del narcotraficante fueron las ministras Adriana Toloza y Antonella Farfarello), argumentando, entre otras cosas, que en el informe sicosocial realizado por Gendarmería “se aprecian serios factores de riesgo de reincidencia en la persona del amparado”, que fueron los motivos por los cuales la comisión inicial rechazó la solicitud.

La caída del hermano de “Tony Montana”

José Miguel Molina Galaz, en tanto, fue detenido en 2017 por la PDI, también en un operativo dirigido por la Fiscal Hernández, y en posesión de 300 kilos de marihuana que almacenaba en un domicilio del sector Libuy, en Quillón. En este caso, la droga fue comprada en Santiago y transportada oculta de Ñuble en sacos que decían “afrecho fino”, pero que en realidad contenían marihuana. Por supuesto, también fue hallada una pistola y abundante munición de distintos calibres.

Igual que en el primer juicio de Cid en Concepción, Molina Galaz renunció a su derecho a guardar silencio, aseverado ser un simple comerciante ambulante que vendía carne y otros artículos en la feria, agregando que entregaba leche “a consultorios, comisarías, moteles”.

Del mismo modo, aseveró que nada sabía de la droga, pero el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal opinó de otro modo, y lo condenó a cinco años y un día, sin beneficios por el tráfico de drogas, siendo absuelto de las acusaciones relativas a las armas.

Publicado en Actualidad Gran Concepción