Poco después del crimen del alto oficial de la PDI, asesinado en el centro de Concepción en 1991, la Agencia Central de Inteligencia ya tenía claridad acerca de quienes eran los presunto autores.
Como las cosas nunca acontecen del modo en que se cree que sucederán, la vuelta a la democracia en Chile fue muy violenta. La apuesta en muchos al interior de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, en orden a que los grupos subversivos de los años ’80 se apaciguarían casi por arte de magia no solo era un error de estimación, sino uno de tamaño importante, pues se produjo una gran oleada de atentados y homicidios selectivos en 1990 e inicios de 1991, cuyo peak fue el homicidio del senador Jaime Guzmán, el 1 de abril.
Poco antes de eso, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) informaba en un cable secreto, fuertemente censurado, acerca de dos hechos criminales ocurridos en Rancagua y Concepción, respectivamente. El primero era el homicidio del médico Hernán Perez Castro (quien había sido funcionario de la CNI) y su esposa, Ana Schlager Casanueva, hecho acaecido el 3 de marzo.
El segundo hecho al que aludía la información de la CIA era el crimen del Prefecto Inspector de la PDI Héctor Sarmiento Hidalgo, asesinado a las 8 de mañana del 15 de mazo a la salida de su casa, ubicada en un pasaje situado entre Freire y Janequeo, en la zona céntrica de Concepción. Cuando Sarmiento subía a su auto un comando de seis sujetos armados con fusiles lo atacó a mansalva, disparándole seis veces. También resultaron lesionados su chofer, José Jiménez, quien recibió un disparo en el tórax mientras cerraba la puerta. También resultó herido, con un disparo en el muslo, el padre del prefecto, Benigno Sarmiento, de 75 años, que también estaba subiendo al auto. Asimismo, resultó con lesiones graves el carabinero Manuel Prat, quien se encontraba a pocos metros del lugar esperando locomoción colectiva, momento en que escuchó los disparos y trató de intervenir, siendo lesionado por los agresores.
Inicialmente, las investigaciones apuntaban hacia la actuación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A) en dicho atentado, pero luego de las indagaciones efectuadas por parte de un equipo policial creado en Concepción, del cual nacería posteriormente la BIOC (Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales), se centraron en un comando de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), el grupo de “elite” del Complejo Partidario MAPU-Lautaro.
No obstante, la CIA sabía eso casi desde el principio. En el documento desclasificado, los agentes norteamericanos analizan el homicidio de los Pérez-Schlager, concluyendo correctamente que la autoría era del FPMR, y añaden que en el caso del crimen del prefecto Sarmiento la autoría era del Lautaro.
Un crimen en represalia
Hasta hoy en día, Héctor Sarmiento Hidalgo es el mártir de mayor rango de la PDI, pues no solo era Prefecto Inspector y Jefe de la antigua Quinta Zona de la Policía de Investigaciones, sino que además era la quinta antigüedad en la institución; es decir, jerárquicamente estaba al tope de ella.
Sin embargo, su homicidio no calzaba con la lógica de las ejecuciones selectivas, como la de Pérez, que había sido funcionario de la CNI, u otras anteriores, perpetradas en contra de sujetos implicados en violaciones a los Derechos Humanos.
De hecho, Sarmiento no había participado en la DINA, la CNI, el Comando Conjunto o cualquiera otra agrupación represiva, ni tampoco existía antecedente alguno que permitiera suponer que había violentado los Derechos Humanos de alguien. Solo mucho más tarde, una vez que sus asesinos estuvieron detenidos, se pudo determinar que el antecedente inmediato del homicidio se encuentra en el caso de Marco Ariel Antonioletti, militante del complejo partidario MAPU-Lautaro, que se encontraba en prisión desde 1989, acusado de delitos de carácter terrorista, específicamente, los homicidios de dos carabineros, uno en La Serena y otro en Santiago.
El 14 de diciembre de 1990, cuando era trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, para recibir atención oftalmológica, los gendarmes que lo llevaban fueron atacados por varios integrantes las FRPL, que se habían hecho pasar por médicos y enfermeras, quienes asesinaron a cuatro gendarmes y un carabinero, huyendo con Antonioletti.
Antonioletti fue trasladado a una casa de la población Villa Japón, en Estación Central, de propiedad de la ex esposa del periodista de Fortín Mapocho Juan Carvajal (quien posteriormente sería jefe de comunicaciones en el primer gobierno de Michelle Bachelet), donde la PDI lo ubicó, dándole muerte en un enfrentamiento, que según los allegados al fallecido no había existido, por lo cual, según decía la CIA, el Lautaro estaba convencido de que la policía civil era “un órgano represivo”.
Lo que dijo Correa
De acuerdo a las investigaciones efectuadas en Concepción, luego de la muerte de Antonioletti, las FRPL comenzaron a buscar un blanco de alto nivel al interior de la PDI, con el fin de vengar dicha muerte, y así fue como decidieron asesinar al Prefecto Sarmiento, quien en ese momento tenía 50 años.
Las pesquisas determinaron que una célula de las FRPL que operaba principalmente desde Talcahuano fue la responsable del crimen, y así se le hizo saber al gobierno del momento. El informe de la CIA recuerda que el entonces Ministro Secretario General de Gobierno Enrique Correa (actual dueño de la empresa de Lobby y comunicaciones “Imaginacción”) hizo presente, ante ello, la necesidad de “aniquilar” a las FRPL, algo que en la agencia estadounidense interpretaron como una muestra de apoyo oficial hacia “las desmoralizadas fuerzas de seguridad en Concepción”.
Según la CIA, cuando Correa dijo lo anterior “estaba extremadamente nervioso”, pues, indicaba el documento, “hay una amenaza potencia en su contra desde el MAPU/L; algunos de sus líderes fueron miembros del MAPU original, al cual Correa perteneció antes de su separación a inicios de los años ‘80”.
En las pesquisas subsecuentes la policía detuvo a todos quienes participaron directamente en el homicidio, todos miembros de las FRPL.
Inicialmente fueron condenados a cadena perpetua por el homicidio, las lesiones y un robo con intimidación (a un taxista, a quien robaron el auto), pero posteriormente la Corte Suprema, aplicando la doctrina de las leyes Cumplido, les rebajó las penas y salieron en libertad, aunque algunos de ellos cayeron detenidos posteriormente por delitos comunes.
