Para el 12 de enero se postergó la audiencia de preparación de juicio oral en contra de un grupo de personas que están acusadas desde 2018 por el Ministerio Público de formar un grupo dedicado al contrabando y distribución de cigarrillos, que logró millonarias ganancias pero que, sin embargo, estaría pronto a enfrentar un juicio abreviado, pese a los hechos de los que se les acusa: asociación ilícita, receptación aduanera, comercio clandestino y lavado de activos.
Así se desprende del acta de la audiencia de preparación de juicio, efectuada el lunes 14 de noviembre recién pasado en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, en la cual consta que el “Ministerio Público peticiona suspender la audiencia toda vez que se está analizando término diverso de la causa y se encuentran pendientes conversaciones con ciertas defensas”.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, a la cual adhirió Aduanas, se trata de un grupo de 13 personas liderado por Eduardo Mora Gárate, el cual operaba desde 2015, al menos, vendiendo cigarrillos extranjeros ilegalmente ingresados al país en diversas ferias libres, particularmente las de Hualpén, Talcahuano y Curanilahue, lo que les permitió ingresos millonarios. De hecho, en una de las primeras diligencias pedidas por el Fiscal José Orella Laurent, se indicaba al tribunal que se trata de una organización básicamente integrada por miembros de la familia de Mora (Bryan Gárate Ilufin, Helena Morales Martínez, Luis Ilufin Morales y Solange Ilufin Morales, entre otros), los cuales eran apoyados por al menos cuatro proveedores intermedios, quienes a su vez mantenían bodegas temporales en las cuales se acopiaban los cigarrillos contrabandeados, los cuales eran ingresados desde el norte del país hasta una bodega ubicada en Peñaflor.
Hacia 2019, según la diligencia de interceptación telefónica pedida por Orella, el grupo había obtenido al menos 534 millones de pesos de ganancias, y “este dinero lo han usado para adquirir vehículos, inmuebles y viajes al extranjero”. Siempre según dicho documento, Bryan Gárate había comprado cinco autos por un valor de 60 millones de pesos (sin que tuviera ingresos formales), mientras que Luis Ilufin poseía a esa fecha tres inmuebles y un auto de más de 14 millones, mientras que Gárate tampoco tenía actividades comerciales formales, pero poseía una casa avaluada en 200 millones de pesos, en Lomas de San Andrés, y además registraba más de 20 viajes al exterior. Como una muestra de ello añadía Orella, “solo este año registra viajes a Estados Unidos de Norteamérica y Colombia, con Vanessa Ilufin Morales, Bryan Gárate Ilufin y Mariela Jara Avila”.
Aduanas, por su parte, señala (en su adhesión a la acusación fiscal) que, además, los imputados pusieron en el sistema bancario formal cerca de dos mil 500 millones de pesos, por medio de depósitos realizados en distintas cuentas que mantenían a nombres de ellos o de terceros en los bancos Estado, Chile, Scotiabank, BCI, Santander, Itaú, Falabella y Ripley.
De este modo, aseveraba Aduanas, “la asociación ilícita permitió a los imputados obtener dinero al margen de la ley, luego ‘blanquearlo’ mediante la adquisición de bienes y servicios, con lo que lo transformaron e integraron al sistema financiero y, con ello, lo ocultaron o disimularon, impidiendo rastrear su verdadero origen al mezclarlo con el dinero legal, para finalmente integrarlo y regresarlo a la economía o al sistema financiero, disfrazado como ‘dinero legítimo’, lo que les permitió disfrutar de la riqueza mal habida”.
