Última actualización el 3 de noviembre de 2022
Ya comenzó la carrera por quién va a dirigir a la fiscalía por los próximos años. El próximo lunes, de hecho, la Corte Suprema va a escuchar a quienes aspiran a ese cargo, para confeccionar la quina que deben enviar al Presidente de la República, de la cual él debe escoger un nombre, el cual, para poder asumir, tiene que ser ratificado por dos tercios del Senado.
En esta competencia se habla de «perfiles», donde el «personaje» se construye en función comentarios de prensa, pero yo he preferido ver la oportunidad para apuntar lo que falta, en lo inmediato, para que el trabajo con el Ministerio Público sea más eficiente, cuestiones que no siempre apuntan exclusivamente a la institución, en el entendido de que necesitamos alguien con independencia política, que conozca desde adentro el trabajo y que haya sufrido los rigores de las falencias, omisiones y torpezas.
Mi lista, por ende, es de lo cotidiano, que es, hoy por hoy, largamente más relevante que si la próxima autoridad es causalista, finalista o funcionalista:
1.- Que el Sistema SIAU se mantenga siempre al día, para que el litigante sepa exactamente lo que está pasando en la investigación. Se pierde un tiempo enorme en reuniones sólo para saber lo que ha pasado y lo que podría ocurrir.
2.- Que los fiscales tengan la efectiva dirección y control de la investigación realizada por las policías. Me temo que las órdenes de investigar en muchos casos ni siquiera se orientan en la dirección que necesita la investigación.
3.- Que se mejore, aumente y seleccione con mayor cuidado la dotación de las agencias estatales cooperadoras del Ministerio Público, como el Servicio Médico Legal, por ejemplo. Sí, también es una cuestión de recursos, pero cada día es más apremiante.
4.- Que se establezca un efectivo sistema de inteligencia policial, para recopilar información útil frente a los nuevos (?) fenómenos criminales, como el crimen organizado nacional y el que viene llegando a través de nuestras fronteras. Además, la delincuencia predictiva está ahí, esperando desarrollarse de mejor forma.
5.- Que existan mejores controles internos, para determinar con mayor precisión los errores en las investigaciones, estableciendo un sistema de responsabilidades que atienda, más allá del castigo administrativo, al mejoramiento de las prácticas y competencias profesionales.
6.- Que se aumente la dotación de fiscales. Son pocos para tanta criminalidad, sin perjuicio que se deben mejorar los filtros de la persecución penal, enfocándose en los ilícitos de mayor lesividad y en el crimen organizado. Y es posible que se necesiten más asistentes también.
7.- La creación de una Academia Nacional de Fiscales, algo así como la Academia Judicial de los jueces, haría muy bien para la formación de los persecutores y como instancia permanente de capacitación, pues la criminalidad está evolucionando demasiado rápido en Chile.
8.- La reafirmación de protocolos de comunicación más eficientes del Ministerio Público con los intervinientes. Así, por ejemplo, la víctima tendría el Derecho de saber de manera correcta y oportuna porqué la investigación ha fracasado (en el caso de que así fuera), y el querellante que aporta debería ser escuchado con mayor interés.
9.- Me temo que las comunicaciones entre policías, fiscales y jueces de garantía no son a veces todo lo fluidas que se necesita para actuar a tiempo, sobre todo cuando se trata de delitos flagrantes. Intuyo lo anterior, especialmente en poblaciones con mayor cantidad de numer de habitantes.
10.- Sí, el sistema en general necesita recursos económicos.
Sobre el autor: Waldo Ortega Jarpa es abogado penalista y Dr. en Derecho, además de profesor de la Universidad Andrés Bello. Esta columna fue originalmente publicada en su blog Derecho en Movimiento, que se puede visitar aquí.
