El viernes, justo antes de jubilarse, la ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas Marta Jimeno Pinto sometió a proceso a cuatro oficiales de Carabineros y tres sacerdotes, acusados de haber encubierto la desaparición del joven Ricardo Harex, quien desapareció en la capital de Magallanes el 19 de octubre de 2001, casi dos años después de que Jorge Matute Johns, estudiante de quinto año de ingeniería forestal de la Universidad de Concepción acudiera a la discoteca “La Cucaracha” y se le perdiera todo rastro, la madrugada del 19 al 20 de noviembre de 1999, lo que generó una de las mayores movilizaciones policiales en la historia del Chile reciente.
Aunque el cuerpo de “Coke” Matute fue finalmente hallado casi cinco años después, en el camino a Santa Juana, los responsables de su desaparición nunca fueron juzgados. En diciembre del 2000 la primera jueza que estuvo al frente de este caso, Flora Sepúlveda, sometió a proceso por obstrucción a la justicia a siete jóvenes que habían estado en la disco esa noche, los cuales habían participado en varias riñas (dos al menos) y quienes le habían mentido a ella diciendo, por ejemplo, que a determinadas horas ya estaban en sus casas, en circunstancias que los peritajes a las antenas telefónicas a las que se iban conectando sus celulares mostraban una serie de movimientos por distintas rutas.
Sin embargo, la Reforma Procesal Penal y las leyes adecuatorias en torno a ella fueron un salvavidas para los procesados, dado que la creación de la figura de los fiscales significó renovar varios cuerpos legales, incluyendo la adaptación de la norma relativa a la obstrucción a la justicia, que se cometía (en el antiguo sistema de justicia) cuando alguien le mentía a un juez o jueza. Con el nuevo sistema, las tareas de persecución penal quedaron en manos de los fiscales y por ello la obstrucción a la justicia solo la pueden perpetrar (a partir de ese momento) quienes le mienten a un fiscal.
En otras palabras, la norma por la cual los sospechosos estaban procesados fue derogada. Por ende, no podían seguir siendo indagados en función de ella y fueron sobreseídos.
Los profesionales
A contar de ese minuto el caso Matute cayó en un largo mutismo y en un sinfín de pistas falsas y maniobras evidentemente distractivas, de las cuales ya había dado cuenta la misma jueza Sepúlveda en una de las pocas conferencias de prensa que concedió al respecto, en la cual señaló que “he llegado a la conclusión de que se trata, en este caso, de ilícitos penales que han sido ejecutados por personas que tienen una preparación profesional. No estamos frente a personas comunes que cometen delitos en forma ocasional”, agregando que a su juicio los autores del hecho eran “profesionales del ámbito delictual, con una preparación especial en el ámbito de la comisión de hechos ilícitos y de gran inteligencia”.
Todos quienes cubríamos el caso por aquel entonces sabíamos que cuando la ministra habló de personas “de gran inteligencia” estaba haciendo una evidente referencia a la sospecha que ella albergaba en torno a que sujetos pertenecientes y/o allegados a un organismo de inteligencia de Concepción estaban implicados en el encubrimiento de la desaparición del estudiante. La misma sospecha existía al interior de la PDI y también del OS-7, la unidad especializada de Carabineros que tuvo las diligencias en primera instancia.
Sin embargo, la justicia penquista nunca tomó determinación alguna en el caso. Después de esos siete acusados, nunca más se volvió a procesar a nadie y aunque la última ministra que estuvo a cargo del proceso, Carola Rivas, aseguró que “Coke” había sido víctima de un homicidio, tampoco se detuvo o condenó a persona alguna, sobreseyendo la causa, pese a que en ella se comprobó cómo varias personas (incluyendo a una joven y al menos uno de los guardias y su pareja) habían mentido, entregando pistas falsas.
El caso Harex
En Punta Arenas, sin embargo, la jueza a cargo no quiso irse del Poder Judicial sin hacer lo que estimaba que era necesario: dejar establecido que el joven Harex (que tenía solo 17 años al menos de su desaparición) fue objeto de una “sustracción de menor” (que es como se llama penalmente al secuestro, cuando la víctima tiene menos de 18 años) y que en ella estuvo implicado el tristemente célebre sacerdote Rimsky Rojas, quien se suicidó en 2011, agobiando por las denuncias de abuso sexual en su contra y por el hallazgo de osamentas que se especuló podrían ser del joven, lo que resultó no ser efectivo. De hecho, su cuerpo aún no es hallado.
Además, dejó sometidos a proceso a tres sacerdotes salesianos (Leonardo Santibáñez, Vincenso Soccorso y el obispo Miguel Bastres), así como a cuatro oficiales de Carabineros: el jefe de zona de la época, general Hernán Bravo Aris; el teniente coronel Héctor Peña Monsálvez, el capitán Máximo Sánchez Márquez y el teniente Anwar Kharaufeh Jadue, a los cuales acusó de haber encubierto a Rojas. Una de las evidencias que la ministra utilizó en dicho sentido fueron las declaraciones de suboficiales de Carabineros que participaron de la indagatoria, uno de los cuales, el cabo David Hidalgo, señaló que Peña le dijo que “era imposible que siguieran con esa línea porque la Iglesia Católica era una institución muy poderosa en relación con la cual nadie les iba a creer una imputación de esa naturaleza”.
La confesión
Del mismo modo, y en un hecho que guarda asombrosas coincidencias con lo sucedido en el caso Matute, donde una persona dijo a un sacerdote (Andrés San Martín, por aquel entonces párroco de EL buen pastor, en San Pedro de La Paz) los nombres de quienes habían cometido el crimen, lo mismo sucedió en Magallanes.
En el caso de San Pedro, como dicha confesión se produjo bajo secreto sacerdotal, San Martín pidió permiso a sus superiores en la orden agustina, a fin de declarar y contar lo que sabía, pero se lo denegaron. Ante ello, pidió lo mismo al entonces arzobispo Antonio Moreno. La respuesta fue la misma. Incluso viajó al Vaticano a solicitar una dispensa y tampoco la recibió. Con el paso del tiempo, terminó por abandonar el sacerdocio.
En Punta Arenas pasó algo semejante, pues según el auto de procesamiento, los abusos sexuales cometidos por Rimsky Rojas Andrade “fueron expuestos en el año 2000 en adelante” según testigos con reserva de identidad, “el primero de ellos bajo secreto de confesión a Marcos Tardinni” (otro sacerdote), situación que según la magistrada fue callada por varios sacerdotes que la conocían, incluyendo a dos de los procesados (Bastres y Santibáñez).
Según el fallo, los curas fueron además cómplices, al permitir que Rojas siguiera como Rector del Liceo San José durante años, pese a que ellos ya sabían que era un pedófilo. Sin embargo, como el mismo Rojas se lo dijo a un carabinero, él no era cualquiera: el mismo documento deja en evidencia que tenía mucho poder y que contaba con mucho dinero (proveniente del colegio que dirigía) con el cual comprar regalos a sus víctimas.
Aquí puedes leer el fallo del caso Harex, vía Poder Judicial.
