No hace falta decir que la detención de dos asaltantes de vehículos en la Provincia de Arauco, los cuales resultaron ser funcionarios de Carabineros de la Comisaría de Curanilahue, uno de los cuales fue atrapado aún encapuchado, es un hecho gravísimo.
Eso es obvio, de perogrullo e inaceptable.
Sin embargo, es necesario puntualizar que esto ocurrió en una zona que vive desde hace varios años ya un verdadero estado de anomia, en medio del cual no solo se está sometiendo a distintos sectores de su población a un traslado forzoso, lo que constituye un delito de lesa humanidad a juicio del abogado Andrés Cruz, sino que la violencia que se ha instalado allí ha permitido la eclosión de organizaciones criminales que obtienen enormes ganancias debido a la comisión de tres tipos de delitos, principalmente: el robo de madera, el narcotráfico y el robo y receptación de vehículos robados.
No se trata, sin embargo, de tipologías únicas. Tal como hemos visto ya, existen vínculos entre quienes ejercen distintos tipos de delitos, los que se desarrollan en una zona que lleva varios meses bajo estado de excepción, pese a lo cual ha demostrado ser un lugar fértil para desarrollar actividades que desafían no solo al Estado, sino a las personas que son víctimas de estos hechos.
De lo anterior es de donde deviene la especial gravedad de lo ocurrido y de la constatación de que la historia de países en los cuales el crimen organizado ha generado enormes daños, como México, Colombia o El Salvador, por ejemplo, evidencia que una de las primeras acciones que acometen estos grupos es permear al Estado. Tiempo atrás ya vimos, en San Ramón, como un municipio contrató a varios narcotraficantes, y solo la semana pasada la misma policía uniformada daba cuenta del desbaratamiento de una banda de reducidores de autos robados en Arauco, en la cual participaba una funcionaria de Gendarmería.
Durante los últimos años, Carabineros ha reforzado en forma ostensible su presencia en la zona, dado que incluso instaló una subprefectura de Orden Público en la comuna de Los Alamos (la cual depende de la Prefectura de Orden Público de la macrozona Araucanía) y porque, luego del desbaratamiento de las unidades de inteligencia implicadas en el caso “Huracán”, ha ido de a poco reforzando sus equipos investigativos en la zona.
Sin embargo, la constatación que hoy existe, entonces, de que al menos dos carabineros han cometido hechos de violencia semejantes a muchos otros que hemos visto en esa zona, debería no ser un aviso, sino una verdadera de luz roja, que lleve al nuevo alto mando de dicha institución a reforzar algo que es indispensable, especialmente en zonas como estas: el control interno, teniendo en cuenta que luego del fraude, del caso Catrillanca y de la propia Operación “Huracán”, Carabineros (que ha comenzado a recuperar su imagen pública) no puede permitir que por la acción de algunos individuos se ponga en cuestionamiento a una institución tan relevante para el país, menos en una zona donde es evidente que la criminalidad organizada intentará penetrarla por todos los medios que le sea posible.
