En el más complejo sigilo se han tramitado -hasta ahora- al menos tres querellas que incluso podrían tener ribetes diplomáticos, dado que en ella se acusa a un grupo de personas presuntamente vinculadas a una empresa japonesa y su filial en Chile de haber tomado por asalto las oficinas de una empresa chilena, en Pudahuel, saboteando sus sistemas informáticos. Uno de los querellantes es representado por el estudio de Remberto Valdés, de Concepción.
Según se detalla en uno de los libelos, los hechos se remontan a 2018 cuando Inversiones SL Group, fundada por Marco Jofré Marín, vendió el 51% de SL a OSI South América Holdings SpA “OSA” (cuyo controlador es la empresa japonesa Outsourcing Inc.), transnacional que transa en la bolsa de Tokio, y que es representada en Chile por Cristián Carvajal y Cristian Yarur ambos querellados, mientras que el 49% quedó en manos de Inmobiliaria e Inversiones San Enrique, propiedad de Jofré, quien además estuvo como Gerente General de SL Group desde diciembre del 2019 hasta junio de 2022.
Posteriormente, Outsourcing Inc. entregó a SL la facultad de administrar los correos del grupo (@slgroup) y este contrató, para dichas tareas y para toda la informática en general, a TD360 Group.
Al mismo tiempo, SL negoció el año 2020 con la empresa Full Logistic Services, el arriendo de oficinas, bodegas, flota, equipamiento y el soporte informático para lo cual esta última contrató la prestación de servicios de soporte TI y del Datacenter de la empresa TD360.
Sin embargo, la relación entre estos dos socios se quebró abruptamente el 22 de junio de este año a las 9 de la mañana, cuando se efectuaba una reunión del directorio de SL, encabezada por su presidente, Kazuhiko Suzuki, los directores Yoichi Hasegawa, Naoshi Sasaki, y varios otros ejecutivos de SL, además de Jofré.
Pese a que el objetivo de la reunión era otro, en ella se decidió remover a Jofré en el acto y designar a otro gerente que era hasta ese momento gerente general de otra de la filiales de OSI en Chile. Cuando Jofré se enteró de que su cuenta de correo electrónico laboral (marco.jofre@slgroup.cl) había sido bloqueada, mientras participaba del directorio de SL, y que además de él había al menos otros cuatro ejecutivos que también habían sufrido el bloqueo de sus cuentas de correos electrónicos sin autorización alguna, por decidió abandonar las oficinas cerca de las 12 horas.
Habiendo transcurrido sólo un par de minutos, de manera planificada ingresaron sin autorización alguna al edificio una docena de sujetos desconocidos, en al menos cinco automóviles, haciéndose pasar como los nuevos dueños de SL Group, según detalla una de las querellas. Dentro del grupo de intrusos habían varios ejecutivos chilenos y al menos otros dos ejecutivos japoneses, haciéndose pasar todos ellos como los nuevos administradores y representantes de la japonesa en SL Group.
Dentro de ese grupo habían dos chilenos de una empresa vinculada a OSI y supervisados de Carvajal, quienes sin ninguna autorización “comenzaron a recorrer las oficinas y dependencias, requiriendo algunos de los sujetos desconocidos que acompañaban a estos personajes la entrega, bajo presión y amedrentamiento, de las claves de los sistemas y equipos computacionales de los colaboradores y ejecutivos de SL y de FLS, para luego tomar posesión de la oficina en donde se encontraban los equipos y servidores de TD360 y FLS”, según indica la acción judicial.
Uno de los libelos señala que de todo ello existen no solo testigos, sino también grabaciones, que muestran además del recorrido de los sujetos por las instalaciones, los horarios de entrada y salida a las oficinas centrales en donde se encuentra la sala de servidores, de donde habrían sustraído información contenida en dos de ellos. En efecto, peritajes particulares que les fueron efectuados muestran los accesos no autorizados a dichos equipos, así como la extracción de información que corresponde a empresas de Jofré que nada tienen que ver con SL Group, incluyendo datos comerciales claves, especialmente relacionados con sus clientes.
En función de ello, el ejecutivo presentó querellas por acceso indebido y sabotaje informático, así como por la figura de acceso ilícito, contemplada en la Ley de Delitos Informáticos, solicitando que ambas presentaciones se acumulen a otra similar, interpuesta por Full Logistic Services. Además, pidió que la Fiscalía emita una orden de investigar a la Brigada del Cibercrimen de la PDI, que se le tome declaración a distintas personas y que además se practique una pericia informática a los dos servidores a los cuales se accedió sin permiso.
Cabe mencionar que Jofré declinó emitir mayores declaraciones, limitándose a decir que “los hechos están claros y en poder de la justicia, la que confiamos hará un buen trabajo”.
El abogado Remberto Valdés, quien representa a Jofré, indicó en forma muy escueta que, tal como se indica en las acusaciones, los sujetos que irrumpieron “procedieron a intimidar e interrogar al personal administrativo que se encontraba en el lugar, de la empresa que fuere”, agregando que existe además una una demanda civil, en donde se ha ordenado el embargo contra SL Group por más de un centenar de millones de pesos.
