Un fiscal especial pedirá en los próximos días el abogado Andrés Cruz, quien representa a 72 personas de la Provincia de Arauco que han interpuesto una serie de querellas y recursos de protección acusando haber sido víctimas de delitos de carácter terrorista y de vulneración de sus derechos fundamentales, debido a que han sido sometidas a un traslado forzoso, al ser obligadas a dejar sus propiedades por medio del uso de la violencia.
Según detalla Cruz, un error frecuente respecto de lo que implican las violaciones a los Derechos Humanos es la creencia en orden a que estas no pueden ser cometidas por particulares, pero recuerda que de acuerdo con el artículo primero de la Ley 20357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, “los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se cometen en forma generalizada o sistemática contra una población civil y que, como indica el mismo cuerpo legal, son perpetrados por el Estado o, bien, por grupos armados que ejerzan el control de un territorio o que tengan tal grado de poder que ello favorezca la impunidad de sus actos, que es lo que lamentablemente ocurre en Contulmo, Lanahue, Quidico, Tirúa y otros sectores de la Provincia de Arauco, donde grupos radicalizados están obligando a personas que ellos creen que no son de la etnia mapuche a abandonar sus viviendas o terrenos, de modo forzado”.
Según explica, las causas por las cuales se ha querellado implican no solo casos de personas que han sido obligadas a dejar sus propiedades por medio de amenazas o porque les incendiaron sus viviendas, sino que también se han cometido homicidios y ataques contra adultos mayores.
Los muertos
Entre los casos de homicidio que abarcan estas querellas se cuenta el de Víctor Neira Acosta, quien fue asesinado de un disparo en 2015, cerca de Cañete, cuando un grupo de encapuchados exigió que él y su esposa abandonaran el lugar, para luego dispararle en el estómago.
Otro asesinato que se relata en las querellas es el de Osvaldo Zapata Gutiérrez, quien era inquilino de una parcela de propiedad de Eduardo Campos, el cual también fue atacado (en 2012) por encapuchados, que luego de haber ocupado el predio y amenazado a Zapata, ingresaron de madrugada a su vivienda, disparándole para luego sacarlo hacia el patio, donde murió, tras lo cual incendiaron su casa.
También se indica el caso de Elodia Aguayo Catril, quien fue asesinada en diciembre de 2019 por tres encapuchados que atacaron su casa en Tirúa, exigiendo la entrega de las llaves de una camioneta. En el asalto, varios otros miembros de su familia fueron objeto de disparos también. Uno de ellos, Claudio Pilquimán Aguayo, permanece en estado vegetal, producto de un disparo en la cabeza (por este delito hay un hombre condenado a 14 años de presidio, Oscar Pilquimán Pilquimán).
Entre las querellas figura también lo ocurrido con una mujer de 81 años, que vivía en el sector Lanalhue donde, “desde el año 2004 que se viene suscitando una serie de conductas de hostigamiento en su contra, que incluso se tradujeron en que sujetos encapuchados la han abordado e inmovilizado”.
De acuerdo con el mismo documento, en 2015 fue amenazada con que terminaría “como los ancianos de la familia Luchsinger”, en alusión al matrimonio Luchsinger-Mackay, quemado al interior de su casa de Vilcún, en 2013.
La alusión, indica el libelo, no era gratuita, pues ese mismo año “se comenzaron a perpetrar incendios en diversos puntos del predio, los que destruyeron bosques nativos, de pinos y eucaliptus, además de cercos y la red eléctrica, una bodega, partes de la casa principal; una cabaña de su hija, instalada en el mismo sitio, y el techo de la cabaña de su hijo. Destruyeron el estanque y las cañerías de agua y desde mayo de 2019 el hostigamiento se extendió a la sustracción de animales», hasta que en febrero de 2022 fueron robados 37 vacunos. Todos estos hechos, finalmente, lograron el objetivo que el abogado indica que se buscaba: que la familia se fuera del lugar.
Debido a la complejidad y extensión de todos estos casos, Cruz afirmó que es imposible que un fiscal con dedicación preferente (Juan Yáñez Martinich, quien indaga todos los delitos de este conflicto ocurridos en la Provincia de Arauco) se aboque de lleno a estas causas, por lo cual indicó que en los próximos días solicitará a la Fiscal Regional, Marcela Cartagena, la designación de un fiscal especial, para que indague los delitos caratulados como de lesa humanidad.
Asimismo, indicó que estudia la presentación de una nueva querella, esta vez por desacato, en contra de las autoridades encargadas del orden público, pues señaló que pese al fallo de la Corte Suprema que ordenó que se tomasen todas las medidas de protección pertinentes, eso no ha sucedido e, incluso, en un caso se cambió un punto fijo de Carabineros por rondas periódicas; es decir, una medida de menor intensidad.
