Durante décadas, Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV), empresa fundada en Concepción en 1957, fue una de las mayores y más respetadas constructoras en la escena nacional. Como ellos mismos lo recuerdan, una de sus primeras obras fue la repavimentación de avenida Colón y sus calles laterales, en Talcahuano.
Fundada por Gustavo Vicuña Salas, Jorge Claro Lira y Andrés Valenzuela Vial, luego de ello la empresa comenzó a ejecutar obras de gran envergadura en todo el país, entre las cuales se cuentan el corredor del transporte público en Santa Rosa (Santiago), el estadio Ester Roa, la Vía Las Palmas, en Viña del Mar; el hospital de Isla de Pascua, la cárcel de Concepción y mucho más.
En 2008 la empresa, ya diversificada en varios rubros, entre ellos el inmobiliario, se abrió al mercado de valores (aunque ya no está vigente en los registros de la Comisión del Mercado Financiero, CMF) y siguió ejecutando obras en distintas partes del país, incluyendo la licitación que ganó con el fin de realizar las obras de conexión del Puente Bicentenario con la avenida Chacabuco, en el sector de la Costanera de Concepción. Sin embargo, hoy, con esos trabajos evidentemente abandonados, la empresa dice hallarse al borde de la quiebra.
“El puente vale callampa”
El terremoto del 27 de febrero de 2010 lanzó al agua (literalmente) el Puente Viejo, que unía Concepción con San Pedro. Pocos de acuerdan, pero a contar de ese minuto el Gramailn Concepción se convirtió en una urbe completamente colapsada a nivel vehicular sobre todo porque durante mucho tiempo solo hubo un puente completamente operativo entre ambos lados del Bío Bío y los tacos se convirtieron en atascos de proporciones épicas, que hacían recordar el clásico cuento “La autopista al sur”, de Julio Cortázar. Sin duda que dicha situación se mitigó en algo gracias a la instalación de un puente mecano sobre el río, a un costado del quebrado espinazo del Puente Viejo, pero ese mecano dejó varias víctimas en el camino.
La primera de ellas fue la fe pública, la que se vio afectada cuando una de las dos empresas que había participado en la licitación denunció que en la compra de la estructura se había pagado un sobreprecio de dos millones de dólares. La segunda víctima fue el entonces (año 2011) Ministro de Obras Públicas, Jaime Ravinet, quien no se dio cuenta, en el congreso, de que su micrófono estaba encendido, cuando dijo al diputado Ricardo Rincón que “vale callampa, huevón”, “el puente vale callampa”, luego de ser conminado a entregar antecedentes sobre la compra, a lo que Ravinet se negó, argumentando que era secreto militar, debido a que se había comprado por medio del Ministerio de Defensa y con fondos de la Ley de Cobre, tras lo cual debió renunciar.
Lo mismo sucedió un par de meses más tarde con la entonces Intendenta de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, quien fue muy cuestionada después de que el senador Alejandro Navarro diera a conocer el audio de una conversación que ella sostuvo con los pobladores de Aurora de Chile, por donde debía pasar el nuevo viaducto, en la cual se la escuchaba decir que “se usaría” el terremoto para beneficiarles, lo que le valió una acusación constitucional, frente a la cual prefirió renunciar.
Un largo historial
La lucha social, política y judicial destinada a despejar la faja de tierra por donde debería pasar la prolongación del puente hacia Chacabuco demoró años. A ello se sumaron una serie de indeficiones sobre si la prolongación debía ser a nivel del terreno o aérea (como finalmente se decidió) y cuando parecía que todo estaba avanzando, la semana pasada el periodista Cristofer Espinoza dio a conocer un documento emitido por la CVV y dirigido al Director nacional de Vialidad, en el cual le informaban a este que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le debía más de ocho mil millones de pesos, aseverando que producto de ello se encontraban “en una delicada crisis económica”, argumentando que esta era producto no solo de los atrasos, sino “del estallido social, de los incrementos de costos producto del conflicto Ucrania Rusia, del proceso inflacionario y del alza del valor del dólar que afecta a todos los insumos importados, y que la ha obligado (a la empresa) a asumir con cargo a su propio patrimonio la descomunal alza de precios de la construcción de todos sus contratos con el MOP”.
En ese sentido, la misiva de CVV, fechada el 7 de octubre pasado, decía que la única solución que veían era la paralización del contrato hasta “que se regularicen los pagos que le MOP nos adeuda por las obras ya ejecutadas, de manera de poder retomar los trabajos tan pronto se nos paguen los MM$8.322”.
Sin embargo, no se trata de los únicos trabajos comprometidos. A la paralización del puente de suma el eje Colón, en Talcahuano, así como los proyectos habitacionales Viento Norte 2, en San Pedro, y el Parque Costanera, en Hualpén, además de otras obras en la Región de la Araucanía.
Ante ello, el diputado DC Eric Aedo dijo que la empresa “está dejando hoy día abandonadas las obras del eje Colón, por más de 13 mil millones de pesos, la conexión del Puente Bicentenario con Avenida Chacabuco, por otros 25 mil millones de pesos, además de obras de construcción de viviendas”.
Ante ello, el parlamentario pidió claridad a las autoridades de Obras Públicas, a fin de saber cuál es la situación, agregando que ante el reclamo de CVV en orden a que los presupuesto ya no dan, dada la alta inflación, el gobierno debe adoptar una posición, aseverando que al mismo tiempo “El Serviu y la autoridad de vivienda se tienen que hacer cargo de los efectos que deja el abandono de estas obras”, recordando que el puente lleva 12 años de construcción y que el caso de Talcahuano el impacto sobre los vecinos y negocios es muy grande.
