Última actualización el 7 de noviembre de 2022
A través de tres resoluciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados planteó al Presidente de la República distintas vías para intensificar el combate en contra del narcotráfico y la delincuencia.
En la primera se recuerda que solo la PDI incautó 303 mil millones de pesos en 2020, mismo año en que se detectaron 23 laboratorios de drogas en el país. Del mismo modo, el documento indica que entre 2015 y 2021 Aduanas incautó en la Región Metropolitana un total de 615 mil drogas de síntesis y que en cuanto a Ketamina la cifra fue de 48 kilos en 2020, lo que subió a 125 en 2021. A juicio de los autores de la propuesta, estas cifras revelan cómo Aduanas es un órgano de relevancia en el combate contra el narcotráfico. Se estima que ello es especialmente relevante en relación con la detección de nuevos tipos de drogas, elementos precursores o herramientas para su elaboración.
Ante ello, se pidió la presentación de una iniciativa de ley que establezca que el Servicio Nacional de Aduanas, en lo relativo al control del intercambio comercial para la detección del narcotráfico, se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Así, se espera potenciar el trabajo que ya se realiza con el Ministerio Público y ambas policías, entre otras entidades. La resolución es de autoría de Ximena Ossandón (RN), Jorge Alessandri (UDI), Miguel Ángel Calisto (DC), José Miguel Castro (RN), Raúl Leiva (PS) y Andrés Longton (RN).
Vehículos blindados
En tanto, otra resolución, presentada por Hotuiti Teao (IND), Jorge Guzmán (EVOP) y Francisco Undurraga (EVOP) busca promover la creación de un registro nacional de vehículos blindados. Para ello se pide que se instruya, con sentido de urgencia, a los ministerios del Interior y de Justicia. La idea es que las citadas carteras realicen las gestiones necesarias en dicha línea y desarrollar, así, un efectivo control de las adaptaciones de vehículos motorizados.
En el documento se resalta que, en Chile, ha proliferado silenciosamente la industria de los vehículos a prueba de proyectiles balísticos. La idea es protegerse del aumento de asaltos y portonazos, hoy ya usuales en el día a día.
El aspecto negativo, se destaca, es que queda completamente abierta la posibilidad de que bandas delictuales se provean de estos mecanismos de protección. Así, les sería más fácil escabullirse en medio de balaceras, ya sea por ajuste de cuentas, como por evadir persecuciones policiales.
Asimismo, se resalta que, en nuestro país, no existe una norma vigente que regule el control de vehículos particulares blindados.
2% constitucional
Finalmente, otra resolución propone que, mediante decreto, se utilice la facultad de disponer del 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuesto para poner dichos fondos a disposición del Ministerio del Interior y otras entidades para combatir el narcotráfico y la delincuencia. Según se resalta, esta situación hace que el país enfrente la peor crisis de seguridad de su historia.
